Al firmar el decreto que crea la instancia compuesta por 23 expertos que serán liderados por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, la Jefa de Estado resaltó que a 18 años de vigencia del actual mecanismo que revisa las diversas iniciativas de envergadura que se quieren instalar en el país en distintas áreas como la energética, agrícola, forestal, etc., es necesario incorporar otros elementos que ajusten al SEIA al nuevo escenario sociocultural, con la finalidad de lograr el desarrollo de procesos más expeditos, con altos estándares de calidad y en un marco de certeza jurídica.
Para lograr esto, la comisión tiene tres objetivos:
1) Potenciar las facultades del Servicio de Evaluación Ambiental: El SEIA es la base institucional del sistema. En ese contexto, se evaluarán las competencias del servicio como órgano administrador del SEIA, propiciando ajustes legales, administrativos y procedimentales necesarios para reforzar su fortalecimiento, en los distintos actos administrativos asociados al proceso de evaluación.
2) Legitimidad social de los proyectos: Un pilar fundamental en la evaluación de impacto ambiental de proyectos es la Participación Ciudadana (PAC), que comprende para el observante tres derechos fundamentales: conocer el expediente, formular observaciones y obtener una respuesta fundada por parte de la administración. Hoy se debe evaluar y propiciar ajustes legales considerando los alcances e implementación de una Participación Ciudadana Temprana, que promueva el involucramiento de la ciudadanía en los proyectos desde su concepción.
3) Marco legal y certeza jurídica: Se evaluará la normativa ambiental que regula el SEIA, y la participación de los servicios públicos, con la finalidad de robustecer los actos administrativos, propiciando la certeza jurídica en todo el procedimiento. Se potenciará un SEIA normado y con fluidez que permita aumentar el dinamismo de los proyectos en evaluación.
EJES DE TRABAJO
1) Criterios de ingreso e instrumentos de evaluación: Está orientado a establecer los criterios de ingreso de proyectos al SEIA y los instrumentos de evaluación (DIA, EIA, u otros), apuntando a la racionalización de proyectos que deben ser sometidos al sistema y propendiendo a la agilización de su funcionamiento.
2) Procedimientos y contenidos de la evaluación: Orientado al análisis, revisión y establecimiento de los procedimientos y contenidos de la evaluación, propendiendo a la simplificación de trámites y al requerimiento de información relevante para la evaluación. Se espera disminuir la discrecionalidad administrativa existente.
3) Participación de los servicios públicos con competencias ambientales y permisos ambientales: Estará orientado a analizar el rol de los órganos de la administración del Estado que participan en la evaluación y otorgan permisos. Se buscará establecer su rol en la evaluación, procurando fortalecer el ejercicio del conjunto de competencias en un ámbito técnico acotado y certero jurídicamente, propiciando pronunciamientos enmarcados solo en directrices institucionales.
4) Participación y consulta indígena: Orientado a proponer los mecanismos y herramientas adecuadas para el desarrollo de procesos de participación de la comunidad y evaluar la pertinencia de la consulta dentro del SEIA. Se promoverán herramientas para mejorar las instancias de información y participación ciudadana en las etapas previas de un proyecto. Se espera lograr la definición de criterios para el relacionamiento de un proyecto con las comunidades.
5) Instrumentos asociados a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) posterior a su dictación: Eje orientado a la revisión de los instrumentos asociados a la RCA, su seguimiento y cumplimiento, con la finalidad de proponer cambios que den fortaleza y certeza jurídica a cada uno de los instrumentos.
COMISIONADOS
Pablo Badenier, ministro del Medio Ambiente
Jorge Troncoso, director del Servicio de Evaluación Ambiental
Cristian Franz, superintendente del Medio Ambiente
Pablo Daud, director y consultor senior de Desarrollo Ambiental y Estrategia, DAES Consultores Bolívar Ruiz, profesor de Legislación Ambiental Centro EULA, Universidad de Concepción
Alejandro Marín, Global Permitting Enel
Rodrigo Benítez, socio en Baker & McKenzie Abogados
Jaime Solari, gerente general de la consultora de impacto ambiental SGA
Juanita Galaz, gerente general Myma Consultores
Pablo Durán, asesor senior de la empresa internacional de ingeniería y consultoría de proyectos Aracadis
Paula Troncoso, coordinadora Área Social y jefa de proyectos Poch Ambiental
Paulina Riquelme, socia fundadora de EeLaw Medio Ambiente y Energía Asesorías legales
Patricia Matus, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes:
Guillermo Espinoza, director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo (CED)
Felipe Sandoval, presidente Salmón Chile
Javier Hurtado, gerente de estudios Cámara Chilena de la Construcción (CChC)
Jaime Espínola, asesor de Asuntos Regulatorio de la Sofofa
Christian Vittori, alcalde de la Municipalidad de Maipú
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero
Juan Eduardo Saldivia, presidente de Copsa
Flavia Liberona Céspedes, directora ejecutiva de Fundación Terram
Macarena Soler, abogada del Consejo de Defensa de la Patagonia
Salvador Millaleo, director del Programa de Derechos Indígenas, Fundación Chile 21
Ricardo Bosshard Friedrich, director WWF.